Ante la desigualdad y la pobreza, urgen nuevas respuestas

• Intelectuales, académicos, empresarios, sindicalistas y activistas de organizaciones civiles exigen cambios para lograr resultados frente a la pobreza y la desigualdad
• Solicitan ser recibidos por la Cámara de Diputados y considerar sus propuestas en el Presupuesto 2016
• Proponen un foro amplio para construir acuerdos sobre políticas de Estado frente a la desigualdad y la pobreza: los principales problemas de México.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, un grupo plural de personalidades del mundo académico, empresarial, sindical y de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, exigieron cambios en las políticas económicas, fiscales, salariales, productivas, laborales y sociales para enfrentar a fondo la desigualdad y la pobreza.

Entre los participantes se encuentran el académico y ex Presidente del IFE, José Woldenberg; el líder empresarial y presidente de Sociedad en Movimiento, Alberto Núñez Esteva; el dirigente sindical, Francisco Hernández Juárez; la directora de México Evalúa Edna Jaime; el ex consejero del IFE y presidente de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino; la directora de Save the Children México, promotora de la Red Internacional Action 2015 en México, Josefina Menéndez; el economista y académico de la UNAM, Enrique Provencio, el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra y Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Los oradores forman parte de las más de 60 organizaciones civiles y casi 100 intelectuales y líderes de opinión que suscribieron un pronunciamiento para exigir a la Cámara de Diputados cuatro cambios de fondo en el presupuesto 2016:

1) Eliminar los programas redundantes, los subsidios regresivos y la proliferación de programas sin resultados, como: los subsidios agrícolas y ganaderos y la condonación de impuestos a grandes empresas.

2) Reducir los espacios para uso político del gasto público y el gasto oneroso de la administración pública, por ejemplo: el ramo 23, los bonos y pagos extraordinarios a servidores públicos, el seguro médico privado, el alto monto del financiamiento de campañas y partidos, la propaganda gubernamental y las partidas discrecionales de legisladores.

3) Fortalecer las inversiones sociales de salud y educación y en infraestructura productiva, incluyendo mecanismos efectivos de protección contra la corrupción, tales como: ampliar la cobertura del sistema de protección social en salud para lograr cobertura universal y mejores inversiones en el sur del país. Es especialmente urgente articular una política de recuperación salarial en el país, comenzando por los salarios mínimos.

4) Crear los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana que permiten un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Ejemplos: un padrón único de beneficiarios como vía obligatoria de acceso a subsidios, conectar la contraloría social con el Sistema Nacional Anticorrupción, transparentar en datos abiertos el ejercicio de los recursos públicos.

A raíz del primer promunciamiento de un grupo plural convocado por la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) y Sociedad en Movimiento, publicado en septiembre de 2015, hubo diversas reacciones y respuestas. En particular, el diputado César Camacho Quiroz, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, expresó su intención de abrir canales de diálogo para escuchar y considerar las propuestas presentadas.

Sin embargo, la fecha la Cámara de Diputados no ha recibido a este grupo plural, por lo que exigieron ser atendidos por la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política o la Comisión de Presupuesto de la Cámara, a fin de presentar de manera directa y completa sus planteamientos.

Las organizaciones convocantes expresaron que este es el primer paso de un proceso de diálogo social para construir acuerdos a fin de generar políticas de Estado que constituyan un nuevo contrato social frente a la desigualdad y la pobreza que sea asumido por los gobiernos estatales y por el gobierno federal.