Modificaciones a la ley de impuesto sobre la renta ponen en riesgo la Viabilidad de oscs y su contribución a bienestar social
Las organizaciones de la sociedad civil en México somos al mismo tiempo efecto y causa de la democratización del País. Nuestra acción obedece al impulso generoso de personas con deseos de hacer de México un mejor país; las luchas sociales y ciudadanas fueron abriendo camino a la acción organizada de la sociedad y en consecuencia, a que la democratización siga avanzando. Las causas sociales que promovemos son tan amplias como diversa es la sociedad mexicana y los problemas que nos aquejan. Con la participación de ciudadanos organizados, contribuimos a mejorar la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, los derechos humanos, la asistencia social, la atención a emergencias humanitarias y muchas causas más de bien público. De acuerdo al INEGI, este sector de ciudadanos solidarios genera riqueza y contribuye con el 2% del PIB, genera alrededor de 1.4 millones de empleos formales y moviliza el trabajo voluntario de casi 2 millones de personas.
En 1994 presentamos una iniciativa de Ley para regular y fomentar el trabajo solidario como un sector comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho y para reclamar un estatus propio como organizaciones que sin fines de lucro buscan aportar al bien de todos. Luego de 10 años de insistir, en 2004 se aprobó la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, vigente a la fecha. Con esta ley, se creó el Registro Federal de las OSC, en el que están registradas alrededor de 42 mil organizaciones de todo el país.
En la diversidad de nuestro trabajo predomina el enfoque de derechos fundado en la afirmación de la idéntica dignidad de todas las personas, en especial las que sufren la pobreza y discriminación, y la exigencia para que el Estado garantice los derechos de todos. Por ello, somos organizaciones de interés público que complementamos la labor de los gobiernos, ofrecemos innovaciones como laboratorio social y hasta estamos ahí donde la acción de los gobiernos no llega.
Al ser organizaciones de ciudadanos que aportan voluntariamente recursos al bien público, y por lo tanto son de interés público, se hacen acreedoras a estímulos fiscales y recursos públicos. Si nuestro trabajo contribuye al bienestar social y al ejercicio de los derechos, según la Ley, tenemos derecho de acceso a los recursos públicos y derecho a estímulos y beneficios fiscales, como otras organizaciones en el país, entre ellas los partidos políticos o los sindicatos.
Para cumplir con nuestra misión social hemos puesto especial atención en el cumplimiento de la legalidad, el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Siempre hemos insistido que, si algunas organizaciones aprovechan esta figura legal para cometer fraudes o ilícitos, se les sancione de acuerdo a la ley. En todos los sectores hay casos de prácticas indebidas, pero no por ello se puede afectar el trabajo de todo un sector.
El sector requiere de recursos. Sobre todo humanos, y los hay en abundancia. Pero también económicos y estos provienen de donaciones generosas y de la generación de recursos propios con las llamadas “cuotas de recuperación” o ingresos relacionados con el objeto que cada una elige. Según datos expresados en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Reformas a la LISR, las organizaciones reciben 23.8% de donativos privados, 10.1% de ingresos relacionados a su objeto social, que de hecho son los que provienen de arrendamientos, dividendos, regalías e intereses y, dice la exposición de motivos 66.1, “de ingresos no relacionados con el objeto social”, y determina una cifra de 132,000 millones pesos.
Definir esta última cifra de ingresos como no relacionados es una imprecisión grave de la exposición de motivos, porque esa cifra proviene del rubro “otros ingresos” establecido en los formatos de reporte de transparencia y en las declaraciones anuales de las donatarias. Allí están incluidos ingresos relacionados con el objeto social y también los no relacionados. Esa cifra hay que analizarla. Y también conocer el criterio que utiliza la autoridad para determinar si son ingresos relacionados o no relacionados.
Según nuestros estatutos legales, es obligatorio que todo el dinero recibido de la sociedad sea por donativos, intereses o cuotas de recuperación relacionadas al objeto social o no relacionadas, se destine al objeto social de la organización y a su fortalecimiento institucional. El sentido de ser instituciones sin fines de lucro, significa que todo se destina al objeto social de la organización y, si hubiere remanente, se reinvierta en el mismo objeto social. Las organizaciones por ser no lucrativas no distribuyen remanentes o utilidades entre sus miembros. Por eso son no lucrativas, porque no hay utilidad particular.
De la reciente iniciativa para reformar el marco fiscal, hay aspectos con los que estamos de acuerdo porque fortalecen la acción del sector y hay tres en particular que nos preocupan: la intención de limitar los ingresos no relacionados al objeto social al 50%, con la falta de claridad de cómo se va a definir qué sí y que no está ligado al objeto social.
Convertir esa situación en una causal para perder el carácter de donataria autorizada y con ello prácticamente cerrar la organización porque proponen que una organización que pierda ese carácter, que por lo demás es voluntario, entregue su patrimonio a otra organización donataria, lo que en la práctica representa una especie de expropiación y extinción. Y otra disposición delicada porque restringe el derecho de asociación: que si una persona es parte del consejo directivo de una asociación que pierda el carácter de donataria, otra organización donde esa persona también sea consejera, lo perdería si la causa de la revocación es por estar ligadas a operaciones simuladas.
Las organizaciones ciudadanas que cuentan con la autorización de ser donatarias autorizadas son la expresión del compromiso generoso y desinteresado por atender a personas y a causas de bien público; son expresión del compromiso con la legalidad, la institucionalidad y la transparencia. Son garantes del valor principal de toda sociedad que es el respeto a la vida y a la idéntica dignidad de todos. Por eso las sociedades y los gobiernos las aprecian y estimulan.
El gran reto que tenemos es el de estimular que sean muchos más los ciudadanos que se sumen a esta tarea de construir juntos un país solidario. Dificultar su trabajo o complicar innecesariamente su operación, va en detrimento de todos. Hoy más que nunca se requiere el trabajo voluntario, la generosidad y la solidaridad organizada para enfrentar los retos del presente.
Deseamos que nuestros gobernantes y autoridades recuerden y liberen el talante generoso que los llevó a la función pública y revisen que las leyes que construyan estén guiadas por el espíritu del estímulo. Los ciudadanos y las organizaciones que construimos, nos encargaremos de cuidar su cumplimiento. El trabajo de las organizaciones colabora para que millones de personas que hoy carecen de lo esencial, puedan, con su trabajo, salir adelante.
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