ONG´s DENUNCIAN ANTE LA CNDH AL GOBIERNO MEXICANO POR PROPICIAR UN AMBIENTE “OBESIGÉNICO”.
A más de 2 años de haber presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Estado mexicano “por violación por omisión del derecho a la salud de los mexicanos permitiendo el desarrollo de lo que los expertos llaman un ‘ambiente obesigénico’”, misma que no ha tenido respuesta hasta el momento, representantes de Organizaciones Ciudadanas que integran la Alianza por la Salud Alimentaria dieron a conocer nuevos argumentos y pruebas para actualizar esta queja.
Explicaron que la Comisión “no puede quedar cruzada de brazos” ya que esta situación ha empeorado en los últimos años y ahora México ocupa el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al segundo lugar en obesidad de las mujeres a escala mundial, señalando que en el sexenio de Felipe Calderón alrededor de 500,000 personas murieron por diabetes.
Pidieron a la CNDH no dejarse engañar por el manejo que está realizando el Secretario de Salud, Salomón Chestovirsky con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, próxima a darse a conocer, al presentar como un logro de las políticas públicas el que el crecimiento del sobrepeso y la obesidad haya disminuido, cuando se trata más bien de que hemos llegado al “tope epidemiológico” que ya se ha presentado en otros países, donde la mayoría de la población susceptible de aumentar de peso ya lo hizo, logrando que los mexicanos nos posicionemos con los mayores índices de sobrepeso y obesidad y con una de las mayores incidencias de mortalidad por diabetes.
Para las organizaciones miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria es grave la pasividad por parte de las autoridades ya que a pesar de las recomendaciones y llamados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la OCDE y del Relator Especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación para que el gobierno intervenga y modifique los condicionantes sociales que han llevado a México a ocupar uno de los primeros lugares en incidencia de sobrepeso y obesidad, así como a presentar uno de los más altos índices de mortalidad por diabetes, el gobierno ha dejado que la industria de alimentos y bebidas se autorregule.
En este sentido demandaron que la CNDH recomiende a las autoridades competentes como la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, entre otras, para que actúen y las escuelas en el país ofrezcan alimentos y bebidas saludables; que se vuelva obligatorio el acceso gratuito a agua purificada en las escuelas, centros de trabajo, restaurantes y centros comerciales; prohibir la publicidad dirigida a la infancia de alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar, grasas y sal, que engaña y genera malos hábitos alimentarios, así como la necesidad de desarrollar etiquetados que realmente orienten a los consumidores sobre las cualidades nutricionales de los alimentos, entre otras medidas.
De acuerdo a un estudio presentado en la queja, más del 90% de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia en México es de alimentos que no son recomendables. De éstos, el 46% de los anuncios utilizaron un regalo para incrementar la demanda del producto, y el 67.5% utilizó personajes especiales para generar un vínculo afectivo entre el menor y la marca o producto. El Estado no ha atendido la recomendación de la OMS para proteger a la infancia de este tipo de publicidad dejando que las empresas se autorregulen y perpetúen sus prácticas que atentan contra la salud de la infancia.
En la queja también se presentó evidencia de cómo el gobierno no ha atendido las recomendaciones internacionales ni acuerdos nacionales, por ejemplo señalaron que uno de los objetivos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria era desarrollar etiquetados en los productos que realmente orientaran a los consumidores, lo que no ha ocurrido y el gobierno mexicano ha permitido que las empresas desarrollen su propio etiquetado, engañando al consumidor, como lo ha señalado un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Otro elemento central en la ampliación de la queja presentada ante la CNDH, es la condición que viven los escolares al no tener libre acceso a agua potable en sus planteles, lo cual es un condicionante a la ingesta de bebidas endulzadas. Los integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria señalaron que de acuerdo a información obtenida a través del IFAI, solo 11% de las escuelas en el DF cuentan con beberos de agua potable, “condición que prevalece en el resto de la República”.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor señaló: “el gobierno ha cedido su obligación de proteger la salud de la población y a la infancia, en particular. Ante esto demandamos que quienes estén al cargo del tema de salud en el próximo gobierno federal estén libre de conflicto de intereses y pongan en primer lugar la salud pública por encima de los intereses empresariales, De esto dependerá que esta epidemia de enfermedad y muerte comience a controlarse o se expanda aún más”
Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, comentó: “El Estado mexicano es el responsable de garantizar la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad para todas las personas de acuerdo al artículo 4º constitucional. Esto implica la necesidad de regular de forma expedita la disponibilidad, etiquetado y acceso a los alimentos que han demostrado ser dañinos para la salud de la población infantil. México está obligado a proteger los intereses de las personas por encima de los intereses comerciales desde la firma en 1981 del PIDESC e incurre en una violación al derecho a la alimentación al no garantizar alimentos saludables para niños. Esta administración asumió el compromiso de proteger el interés superior de la niñez y la expansión de sus derechos humanos así como construir la jurisprudencia que este momento histórico merece pero hasta el momento no se ha cumplido en materia de alimentación”.
En tanto, Mónica Ramírez responsable de enlace de la Red por los Derechos de la Infancia en México, dijo que hasta el momento las políticas en materia de publicidad dirigida a niños son contrarias a lo que marca la Organización Mundial de la Salud, quien en mayo 2010, indicaba que el Estado debe de implementar políticas públicas que tengan como fin reducir la exposición que tienen niñas y niños a productos altos en azúcares y grasas saturadas, así como la exposición a la publicidad de los mismos; además señala en la quinta recomendación que los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres de toda forma de promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo transgénico, azúcares libres o sal, “lo que en la practica no se cumple”.
“El tiempo se acaba. Mientras no se establezcan reglas y responsabilidades claras: con sanciones y castigos ejemplares que son habituales en otros países pero no en el nuestro, estas empresas que trafican con la salud de niños, jóvenes y adultos seguirán actuando a su arbitrio. Es un tema de interés y salud pública, insoslayable para el Estado Mexicano. Nuestro futuro y viabilidad como nación, ni más ni menos, está en juego”, señaló Daniel Gershenson, presidente de Alconsumidor.
