ONG´s DEMANDAN QUE LA POLÍTICA ALIMENTARIA DEL GOBIERNO MEXICANO NO ESTE SUJETA A INTERESES DE EMPRESAS PRIVADAS

  • La reciente “Declaración de Roma en Nutrición” es insuficiente y responde a intereses del sector privado.
  • Demandamos que todas las entidades de gobierno den preferencia a productos locales para el abasto de sus programas y operaciones por encima de la industria, promoviendo así las economías de las comunidades beneficiarias.
  • Solicitamos que la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes implemente definiciones y criterios de regulación de etiquetado y publicidad adecuados, retomando las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.

 

 

México DF, 03 diciembre 2014. En  el marco de la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición (noviembre 2014), los estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo México, aprobaron la “Declaración de Roma en Nutrición”, asumiendo así los compromisos ahí establecidos.

 

Las 31 organizaciones miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria reconocemos  que este es un primer paso para abordar la crisis nutricional mundial. Esperamos que el Estado Mexicano, con el apoyo de nuestros legisladores, desarrolle e implementen políticas congruentes en respuesta a algunas recomendaciones válidas establecidas en la Declaración.

 

Consideramos, sin embargo, que el contenido de esta Declaración sigue siendo insuficiente para enfrentar la dimensión del reto de la malnutrición en el mundo y en nuestro país. Creemos que el documento responde, sobre todo, a las demandas del sector privado, el cual ha jugado un rol fundamental en la crisis sanitaria y alimentaria que vivimos actualmente.

 

Desde cada una de nuestras organizaciones, manifestamos nuestra postura como Sociedad Civil mexicana frente a la Declaración y hacemos solicitudes explícitas al Estado Mexicano y a los legisladores:

 

  1. Ante el compromiso que asumió México de asegurar el acceso a alimentos seguros, suficientes y nutritivos a todos los ciudadanos, hacemos un llamado urgente para que la nutrición se aborde desde una visión de sistemas de alimentación sanos, prósperos, ambientalmente sustentables y cultural y socialmente apropiados. Exhortamos al gobierno de México para que aquellas políticas y programas de SAGARPA, SSA, SEMARNAT y SEDESOL que impactan nuestros sistemas de alimentación estén alineadas, sean congruentes y respondan a esta visión integral.
  2. Conscientes de los impactos socioeconómicos negativos que genera la siembra experimental y comercial de semillas de maíz transgénicas para los campesinos, así como de la incertidumbre que prevalece en cuanto a sus efectos ambientales a largo plazo, demandamos que el gobierno mexicano decrete la suspensión definitiva de este tipo de cultivos.
  3. Reconociendo la importancia que, como lo establece la Declaración, tienen los pequeños productores en la seguridad alimentaria y teniendo en mente los preocupantes resultados de distintas evaluaciones realizadas por organismos internacionales que muestran que la mayor parte del financiamiento gubernamental al sector agrícola en México está orientado a apoyar a la agricultura industrial para la exportación, solicitamos que las políticas del campo aseguren que la agricultura familiar y los pequeños productores sean los principales beneficiarios de los apoyos federales. Además, pedimos que se asegure el acceso y control por parte de campesinos, ganaderos, pescadores y pastores sobre los recursos productivos como agua, tierra, recursos acuáticos, semillas nativas y campesinas, recursos técnicos, particularmente para las mujeres. 
  4. Preocupados por el grado de involucramiento de las corporaciones de alimentos en las distintas políticas públicas relacionadas con la nutrición en México, solicitamos, de manera urgente, que programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre se deslinde de aquellas corporaciones, en parte responsables, de la crisis alimentaria y sanitaria que vive nuestro país.  Consideramos que, bajo el contexto actual, las acciones gubernamentales están constantemente expuestas a conflictos de interés, en donde el interés privado pasa por encima del interés público. Demandamos que todas las entidades de gobierno den preferencia a productos locales para el abasto de sus programas y operaciones, promoviendo así las economías de las comunidades beneficiarias. Manifestamos nuestro profundo rechazo a la selección que se ha hecho de los productos a los que los beneficiarios pueden acceder en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre mediante la tarjeta Pal Sin Hambre, sobre todo, por desplazar el consumo de alimentos producidos local y regionalmente, por inducir cambios negativos en la cultura alimentaria local y por constituir un importante subsidio para las corporaciones al permitirles expandir su red de distribución sin ningún costo.
  5. En el marco de la Declaración, el gobierno de México se ha comprometido a promover, proteger y apoyar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y la lactancia prolongada hasta los dos años o más, esto de la mano de una alimentación complementaria adecuada. A pesar de ser la acción más costo-efectiva para reducir los índices de mortalidad y morbilidad infantil, nuestro país presenta uno de los índices más bajo de lactancia exclusiva en el mundo. Para lograr el cumplimiento de sus compromisos, solicitamos al gobierno de México, en primer lugar, asegurar el respeto absoluto al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Además, urgimos al congreso a aprobar reformas laborales que garanticen periodos de permisos de maternidad adecuados con el fin de facilitar la lactancia exclusiva por seis meses.
  6. Alarmados por el limitadísimo acceso a alimentos saludables por parte de las poblaciones urbanas desfavorecidas, solicitamos la promoción de programas escolares, de agricultura urbana y el fortalecimiento de los mercados de productos frescos, los cuales se encuentran en riesgo de desaparecer. Además, hacemos un llamado a seguir implementando políticas que desincentiven el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar, sal y grasas hidrogenadas y parcialmente hidrogenadas.
  7. Satisfechos por el llamado que hace la Declaración a los gobiernos para proteger a los consumidores, sobre todo a los niños, de publicidad y etiquetados engañosos de productos dañinos, solicitamos que la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes implemente definiciones y criterios de regulación de etiquetado y publicidad adecuados, retomando las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.   Exigimos la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas dañinos dirigidos a menores de 16 años y el diseño de un etiquetado adecuado y fácilmente comprensible para el público.
  8. Conscientes del enorme daño ambiental que el modelo actual de producción agro-industrial ha causado, incluyendo la erosión y contaminación del suelo, la acidificación de los océanos, la pérdida de fertilidad, la reducción de biodiversidad y el cambio climático, así como la incapacidad confirmada de estos modelos de satisfacer las necesidades nutricionales del país,  pedimos al gobierno de México la promoción de sistemas de alimentación basados en la agroecología y el uso sostenible de los recursos naturales. Demandamos el aseguramiento de ecosistemas sanos, pues sabemos que sólo así los productores de alimentos serán más resilientes a los impactos del cambio climático.
  9. Reconociendo los resultados positivos que ha generado el impuesto a las bebidas azucaradas, aprobado por el Congreso, urgimos a los legisladores a etiquetar la totalidad de estos recursos para dotar a las escuelas con agua potable y bebederos, permitiendo al gobierno proveer de agua potable no embotellada a todas las escuelas del país y así cumplir con parte de su responsabilidad de proveer un ambiente seguro y saludable para los niños. Los recursos hasta ahora aprobados para este fin (apenas 300 millones de pesos) son insuficientes.
  10. Por último, invitamos a las entidades del gobierno Mexicano y a los legisladores a la realización conjunta de un foro con la participación de la sociedad civil y la academia en donde se difundan los resultados de la Conferencia y se establezca un plan de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados.

 

 

Como sociedad civil organizada vamos a dar seguimiento para que tanto el Gobierno Federal así como los Legisladores asuman estos compromisos si realmente quieren disminuir los problemas de mala nutrición, diabetes y obesidad que afectan a millones de mexicanos.

 

 

 

 

Yesica Floreshttp://www.elblogdeyes.com
Soy Yes, blogger desde hace más de 5 años. Me he especializado en el viejo y olvidado arte de divagar

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