REFORMA HACENDARIA: ENDEUDAMIENTO Y MAYORES IMPUESTOS, ¿A CAMBIO DE QUÉ?

 

• La Reforma Social y Hacendaria se basa en supuestos macroeconómicos muy ambiciosos que podrían no concretarse durante los próximos años fiscales.
• El 95% de los nuevos impuestos y deuda no serán para la Seguridad Social Universal
• Lo propuesto por Hacienda requerirá de una nueva reforma hacendaria en pocos años. La “Pensión Universal” adquirir un pasivo de entre 17% y 25% del PIB en valor presente, cuyo costo fiscal anual se incrementará en forma acelerada.

 

México, D.F. a 1 de octubre de 2013.- El Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa considera que a pesar de que el paquete fiscal presentado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre pretende mejorar el sistema fiscal y aumentar la recaudación, puede también representar un retroceso significativo en la estabilidad macroeconómica lograda en las últimas décadas.

Para México Evalúa, pese a contar con partes positivas, la llamada “Reforma Social y Hacendaria” propuesta al Congreso de la Unión tiene un diseño que conlleva enormes riesgos económicos que no han sido evaluados hasta ahora. Entre otras cosas, porque no existen elementos en las iniciativas que den certeza del objetivo de los ingresos y el destino del gasto que se propone ejercer.

Edna Jaime, Directora de México Evalúa, mencionó que “a esta situación, hay que añadir el contexto histórico reciente en el que se han planteado estas iniciativas. Uno donde el proceso de federalización del gasto público se ha hecho de manera accidentada, lo que ha dado origen a esquemas poco transparentes e ineficientes en la asignación y ejercicio de recursos en estados y municipios”.

 

Lo expuesto hasta ahora por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja al descubierto algunas dudas y preocupaciones:

En materia de proyección de ingresos, el Ejecutivo consideró un escenario internacional positivo y expectativas de crecimiento optimistas. Sin embargo, es muy posible que la volatilidad internacional se incremente, particularmente por el efecto que pueda tener un aumento de tasas de interés a nivel global, pero fundamentalmente en Estados Unidos – y las repercusiones de la incertidumbre en la aprobación del presupuesto norteamericano. En este escenario, colocar mayor deuda en mercados financieros internacionales parece no ser la mejor estrategia para este momento.

Asimismo, el endeudamiento público propuesto está fundamentado en un conjunto de supuestos macroeconómicos muy ambiciosos -como un crecimiento económico mayor al 3% y el aumento real de las exportaciones de 6.8% en 2014- que podrían no concretarse durante los próximos años fiscales. Esto sobre todo considerando que las expectativas de crecimiento real del PIB de México para 2013 ya han sido ajustadas a la baja para situarse en 1.7% y no en 3.5% como se esperaba inicialmente, y para Estados Unidos se espera una expansión anual de 1.5% a diferencia de 2.8% del año previo.

A partir del análisis de este paquete de iniciativas y de las fuentes de información disponible al respecto, sabemos que la propuesta plantea incrementos considerables en los ingresos, principalmente mediante cambios en el ISR (aumento nominal anual proyectado de su recaudación de 27%), IEPS (aumento nominal anual proyectado de su recaudación de 211%), y aumento neto de deuda (aumento nominal anual de 83%).

Edna Jaime afirmó que el gobierno federal también ha planteado que el eje de dichas reformas es el financiamiento para la creación  de un “Sistema Universal de Seguridad Social”. Sin embargo, la “pensión universal” sólo representa 3.8% de los ingresos adicionales que se pretenden obtener en 2014. Entonces, ¿En qué se gastará más deuda e impuestos?

Por otra parte, mencionó que, la SHCP plantea la implementación de una nueva “Regla de balance estructural”. Sin embargo, las estimaciones de dicha Secretaría no incluyen todos los gastos de inversión que están dentro del balance público. Lo propuesto por Hacienda excluye la inversión realizada por PEMEX, tal y como lo permite la ley vigente. Con esta omisión se está subestimando el verdadero balance presupuestal.  Por ello, México Evalúa señala que es necesario que los legisladores mexicanos pospongan la discusión a este cambio específico a la Ley de Responsabilidad Hacendaria con el fin que cuenten con más tiempo para analizar una modificación fundamental como la que propone la autoridad hacendaria.  Análisis más detallados les permitirían a los legisladores precisar en la ley –y no dejar a mayores márgenes de discrecionalidad en el reglamento correspondiente- el mecanismo institucional bajo el que se implementará esta regla, lo que se traducirá eventualmente en mayor certidumbre a los agentes económicos y a la sociedad en su conjunto.

Otro apartado que llama la atención, es la propuesta de incluir la “Pensión Universal” como un derecho constitucional. De concretarse esta propuesta, el Estado Mexicano adquirirá, en una sola exhibición, un pasivo de entre 17 y 25% del PIB en valor presente. Esta propuesta puede deteriorar las condiciones de estabilidad macroeconómica que con mucho esfuerzo ha logrado el país durante los últimos 15 años.

Lo anterior sin mencionar que no se proponen soluciones de fondo a problemas estructurales que afectan el gasto por el lado de la seguridad social y la salud. No se incluyeron propuestas de cambio al funcionamiento de IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, con objeto de atacar sus problemas principales, tales como los costos de las intervenciones de acuerdo al perfil epidemiológico de la población y las asimetrías en el funcionamiento de los sistemas de seguridad social.

Dado que las autoridades federales han anunciado que precisamente para el siguiente periodo de sesiones, en febrero del próximo año, presentarán propuestas para reformar el sector salud, México Evalúa propone que se posponga para entonces la discusión sobre la implementación de la pensión universal, la cual impactará los presupuestos destinados a dicho sector.  De esta forma se podrá tener un diagnóstico completo de la problemática que enfrenta el sector salud y así poder garantizar que las políticas públicas que se implementen permitan garantizar servicios de salud verdaderamente universales que no diferencien por status laboral y al mismo tiempo se permita brindar una pensión para todos los mexicanos.

Por otro lado, la Directora de México Evalúa afirmó que “la estructura fiscal propuesta podría fortalecer la capacidad recaudadora del gobierno federal. Sin embargo, con lo mostrado hasta ahora por la SHCP, no existe certeza sobre el impacto que el aumento tributario, el mayor endeudamiento público y el destino del gasto público tendrán sobre la competitividad de la economía mexicana en su conjunto, sobre las decisiones de inversión y el crecimiento. No obstante, es posible reconocer que el aumento de los distintos componentes fiscales puede incrementar los costos de producción y con ello afectar la inversión e incentivar la informalidad -contrario a lo que busca la propuesta-”.

En particular, la iniciativa representa cambios fiscales muy agresivos para la industria de la construcción lo que podría afectar su dinamismo y generar incentivos a la informalidad. El IVA a la enajenación, renta e intereses de créditos hipotecarios de casa habitación -sin importar el valor de la vivienda-, así como la propuesta a la Ley del ISR para reducir el límite de exención de ingresos por la enajenación de una casa habitación, pudieran generar un aumento de precios en las viviendas y e inducir la compra y construcción de casas de menor tamaño y calidad. Además, con la eliminación del IDE, el mercado formal, tanto de la construcción como del arrendamiento hipotecario, será menos atractivo para la población, ya que las personas preferirán arreglos y pagos que no sean gravables.

Para México Evalúa, de aprobarse esta reforma, faltarán las propuestas para transparentar los ingresos que hoy y en el futuro cercano se espera que el Estado Mexicano recaude. No existe medida alguna para verificar la transparencia de los ingresos fiscales que dé certidumbre de los mismos a los ciudadanos, gobiernos estatales y municipales. Lamentablemente, también se pierde la oportunidad de fortalecer los organismos fiscalizadores ya existentes como la Auditoría Superior de la Federación.

En materia de federalismo fiscal, Edna Jaime destacó que la propuesta busca centralizar el financiamiento de la nómina magisterial para terminar con los problemas políticos con consecuencias presupuestales, tanto para la federación como para los estados, problemas que se derivan de una doble negociación salarial con el magisterio. Un riesgo no mencionado es el tiempo que puede llevarse la implementación de estas medidas, así como los efectos sobre la recentralización del gasto. El gobierno federal estaría reasumiendo un papel primordial tanto en educación como en salud,  dos sectores descentralizados en los años noventa, lo que eventualmente podría llevar a aumentar el gasto para evitar conflictos con quienes han obtenido mayores beneficios por parte de los gobiernos estatales  y lo que diluye los incentivos para que dichas autoridades respondan con eficacia a sus ciudadanos sobre el funcionamiento de servicios que son de suma importancia para su bienestar.

México Evalúa afirmó que en este sentido, la “Reforma Social y Hacendaria” propuesta puede considerarse como un intento encomiable por tratar de mejorar el sistema fiscal mexicano. Sin embargo, la complejidad, las restricciones políticas y de tiempo para su aprobación pueden generar problemas que no están identificados de antemano.

 

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