ADVIERTEN ORGANIZACIONES SOBRE EL RIESGO DE INVERSIONES FINANCIADAS POR BANCO BRASILEÑO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

 

 

• El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil tiene participación en dos proyectos en México: Etileno XXI y la adquisición del Grupo Modelo que tendrían un costo para la sociedad civil y el medioambiente.
• En América Latina, este banco apoya al menos 10 proyectos que tienen graves impactos a los derechos humanos y al medioambiente de las comunidades donde se desarrollan.
• Demandan organizaciones sociales que se impulsen políticas sociales y ambientales, como requisito esencial para que BNDES apruebe e implemente estos y futuros proyectos.

 

México D.F., a 6 de marzo del 2014 – Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) está financiando diversos proyectos tanto en México como en otros países de América del Sur que tienen graves impactos a los derechos humanos y al medioambiente de las comunidades donde se desarrollan.

 

Al presentar el documento “Casos Paradigmáticos de inversión del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en Sur América”, once organizaciones regionales, entre las que se encuentran el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Instituto Socio Ambiental (ISA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), investigaron y ejemplificaron diez casos financiados por el banco en la región.

 

“Este documento tiene como objetivo demostrar la necesidad de impulsar la formulación, revisión y adecuada implementación de políticas sociales y ambientales, incluyendo las de participación e información, en el BNDES a partir de los casos expuestos”.

 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es una entidad del gobierno de Brasil que tiene por función apoyar el crecimiento y las exportaciones de empresas brasileñas. En los últimos diez años, las subvenciones del BNDES en productos y servicios para el extranjero crecieron 1,185%; al mismo tiempo el banco expandió sus actividades comerciales a varios países de América Latina, África, Europa y Asia.

 

Sin embargo, dentro de las investigaciones realizadas se evidenció que en la aprobación e implementación de los proyectos hay una “preocupante falta de transparencia que ensombrece las actividades del Banco dentro y fuera de Brasil”; y advierten que dada la falta de conocimiento y aplicación de políticas socio-ambientales, “se está invirtiendo en proyectos dañinos que afectan a comunidades”.

 

Esto se agrava más, dijeron, porque estos proyectos fueron decididos “desde las cabezas de los gobiernos y de las empresas, sin adecuados espacios de participación de las personas y comunidades afectadas”.

 

Las organizaciones que participaron en esta investigación exigen a BNDES revisar sus prácticas e implementar mecanismos de políticas de transparencia, que le permitan transformarse en un líder positivo para la región.

 

En segundo lugar, señalan, faltan políticas sociales y ambientales, para asegurar que las inversiones e implementación de proyectos se lleven a cabo generando la menor cantidad de impactos medioambientales y sociales, y se tomen en cuenta las mejores alternativas disponibles para prevenir, mitigar o compensar los daños, según sea el caso.

 

Finalmente comentaron que es necesario que el Banco asuma el compromiso de escuchar y tomar en cuenta a las comunidades afectadas por sus proyectos y garantice el respeto a los derechos humanos adoptados por los países de la región donde el BNDES opera, sobre todo para evitar impactos socio-ambientales graves y en ocasiones irreversibles.

 

Casos en México

 

Por otra parte, específicamente para el caso de México, la organización PODER documentó, de forma independiente,  dos proyectos clave en el marco de los financiamientos “BNDES Finem”: 1) Etileno XXI, desarrollado entre PEMEX, Braskem y Grupo Idesa; y 2) la adquisición de Grupo Modelo por parte de la transnacional belga Anheuser-Busch InBev.

 

El significado para México de estos dos proyectos, así como los 65 préstamos que el BNDES ha otorgado a empresas brasileñas para apoyar sus exportaciones, radica en que estas compañías muestran grandes conflictos sociales y ambientales en sus operaciones.

 

Sobre el proyecto Etileno XXI, explicaron que está en fase de construcción en Coatzacoalcos, Veracruz. Tiene contemplado iniciar operaciones en 2015 y convertirse en la planta más grande de etanol en América Latina, con capacidad para producir un millón de toneladas anuales de etileno y polietilenos. Sin embargo, de acuerdo con el Banco de Derechos Humanos, Etileno XXI podría convertirse en un proyecto con grandes consecuencias ecológicas y sociales durante su construcción y fase de operación.

 

Respecto a la adquisición de Grupo Modelo, documentaron que en 2012 Anheuser-Busch InBev adquirió la totalidad de la cervecera por 21 mil millones USD, de los cuales 14 mil millones USD fueron financiados a través de préstamos bancarios. Ese mismo año la empresa proveniente de Bélgica, a través de su subsidiaria brasileña AmBev, obtuvo un préstamo del BNDES por 36.9 millones USD para apoyar sus planes de inversión.

 

“Esta empresa debe ser analizada en el contexto de su política laboral”, señala el documento de análisis; recordaron que “En 2008, cuando adquirió el control de Anheuser Busch, uno de los primeros pasos fue el recorte de 1,400 trabajadores en Estados Unidos. En México, la presencia de InBev ya ha significado despidos de trabajadores en plantas como la de Zacatecas”.

 

Ante este panorama, los integrantes de las organizaciones dijeron que se debe cuestionar cuál será el costo para la sociedad civil y el medioambiente la inversión del BNDES y las empresas brasileñas en México.

 

Casos en América Latina

 

Entre otros ejemplos de financiamiento, el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO, Argentina), describe el caso de la represa de Garabí, que de ser construida en un plazo de cinco años como se pactó, inundará poblaciones enteras en Argentina y Brasil. El BNDES se encargará de financiar el 70% del proyecto y las obras estarán a cargo de la empresa estatal argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) y la también estatal brasileña Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRAS).

 

En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, regional), documentaron los impactos que podría tener la explotación de la mina de potasio Río Colorado en Argentina, por parte de la empresa brasileña Vale, S.A. El Banco le ha proporcionado a Vale, S.A. cuantiosas líneas de crédito que habrían sido invertidas en sus proyectos. Añadieron que en 2012 Vale fue considerada como la peor empresa del mundo por sus actuaciones sociales y ambientales, según la distinción que le otorgó el Premio Internacional “Ojo Público” (Public Eye).

 

Otro caso más lo documentó el Instituto Socio Ambiental (ISA, Brasil) junto con International Rivers (IR, EEUU), señalando los principales rasgos del proyecto hidroeléctrico Belo Monte, construyéndose en el río Xingú, estado Pará, en la amazonia brasileña, que una vez concluido sería la tercera represa más grande del mundo. Reportaron las organizaciones que este proyecto, “ha sido apoyado por el mayor préstamo de la historia del BNDES, y ha sido tristemente célebre por considerarse violatorio de las regulaciones sobre pueblos indígenas y sobre licenciamiento ambiental en Brasil”.

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA, Bolivia), citó el caso de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos; que es un proyecto que atraviesa el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), zona protegida habitada por pueblos indígenas “desde antes de la colonización, con gran abundancia de especies endémicas y clave para la regulación de las aguas y del clima de los valles aledaños, altamente productivos”.

 

CEDLA explicó que en 2008 la construcción de la carretera fue adjudicada por la Empresa Constructora Brasilera OAS, con un costo de $415 millones USD, de los cuales $332 millones USD (80%), corresponden a financiamiento del BNDES y 20% provienen de la contraparte nacional. “Este proyecto se implementó sin las adecuadas políticas socio-ambientales ni que se respeten los derechos de las comunidades”, afirmaron.