México se encuentra entre los 10 países de América Latina con más restricciones a las libertades civiles, particularmente en cuanto a vigilancia y espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos por parte de autoridades militares, así como agresiones, asesinato y desaparición de periodistas, defensores del medio ambiente y defensoras que buscan a familiares desaparecidos, sin que estos hechos sean investigados ni sancionados por el Estado Mexicano. Así lo manifiesta la organización internacional Civicus, que monitorea el estado de las libertades civiles en 197 países, considerando violaciones a derechos civiles y el debilitamiento de las instituciones democráticas. En su último reporte para México Civicusha registrado, además, difamación, descrédito y persecución a la sociedad civil, y proyectos de ley o leyes que restringen su acción
En este contexto, el trabajo de las personas activistas y defensoras de los derechos humanos se vuelve fundamental, al exigir la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y el cumplimiento de los compromisos con los derechos humanos. Por otro lado, y a pesar de la urgencia de fortalecer las instituciones democráticas, las cifras muestran que, en los últimos tres años, la valoración positiva de la democracia por parte de las y los mexicanos aumentó del 60% al 71%. Esto es particularmente relevante dado que en 2017 se registró el nivel más bajo de respaldo a la democracia en el país desde 2002, con un 56%.
Frente a algunos de los desafíos para fortalecer el sistema democrático en México, se lanzó Surge, una iniciativa destinada a brindar recursos financieros y respaldo estratégico a quienes trabajan diariamente desde movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, coaliciones, consorcios, redes o colectivas para preservar y revitalizar la democracia en el país.
Como primera acción, Surge abrió la convocatoria a su primer Fondo de Respuesta Rápida, que invita a la postulación de proyectos de organizaciones y movimientos sociales que trabajan sobre temas de participación ciudadana y democracia, justicia ambiental, social, económica y de género. Esta convocatoria estará abierta desde el 4 de octubre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.
La iniciativa enfocará la adjudicación de apoyos financieros, de fortalecimiento organizacional y/o acompañamiento estratégico a organizaciones, redes o movimientos que estén formados por y/o representen las demandas y necesidades de grupos socialmente discriminados, que hagan trabajo local, en las periferias urbanas o lejos de las grandes ciudades del país, que se hayan creado recientemente, que estén o no legalmente constituidas y que cuenten con pocos recursos de financiamiento.
Las iniciativas y proyectos que apliquen al Fondo de Respuesta Rápida mediante la convocatoria abierta y queden seleccionados, pueden recibir recursos de entre 5 mil y 30 mil dólares, a ser ejecutados en un periodo de hasta 12 meses. Los y las postulantes pueden también solicitar otro tipo de apoyos complementarios al financiero, como asesorías estratégicas en temas como comunicación para la movilización y la incidencia, seguridad, apoyo legal y tributario, tecnología, cuidado colectivo y autocuidado, entre otros.